El decreto de dividendos y, en su caso, el monto y pago de los mismos, está sujeto a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con base en la recomendación de nuestro Consejo de Administración. De conformidad con la legislación aplicable, la distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas los estados financieros que arrojen tales utilidades.

No podrá hacerse distribución de utilidad alguna, mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del capital, las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social y que se establezca o mantenga un fondo de reserva.

La capacidad de CADU para pagar dividendos podría verse afectada en forma adversa en razón de las disposiciones contenidas en los instrumentos relacionados con la deuda que llegue a contratar en el futuro, y depende, en cualquier caso, de la capacidad de sus Subsidiarias para generar utilidades y pagarle dividendos a la Emisora.

Además, de las utilidades netas de la Emisora, antes de repartir utilidades, deberá separarse anualmente el 5% para formar un fondo de reserva, hasta que el mismo importe la quinta parte del capital social (es decir, el 20% del capital social). El fondo de reserva deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo.

La política actual de pago de dividendos corresponde a un monto equivalente hasta el 30% de las utilidades netas retenidas del ejercicio anterior al que se pagan. Es importante mencionar que, durante 2020, se llevaron a cabo asambleas con los tenedores de bonos en las que se acordó, entre otras cosas, no pagar dividendos en 2020 y 2021, lo cual se prolongó para 2022, 2023 y 2024 en asambleas posteriores.